Es muy común en nuestros días escuchar hablar sobre “El estado de derecho”, “Garantizar seguridad jurídica”, etc. Pero, ¿qué es precisamente lo que se quiere expresar con estas frases?
Básicamente se refieren a la necesidad de que exista un conjunto de leyes claras (sin oscuridad en la redacción del texto que de lugar a “criterios variables” respecto a lo que se debe o no hacer) que permitan a las personas conocer sus derechos y obligaciones para estar en posibilidad de cumplirlas y que en el momento en que esto no suceda, existan las Instituciones y procedimientos necesarios para hacerlos cumplir INDISTINTAMENTE, es decir, no hacer cumplir a unos y a otros no, sino que sean verdaderamente de aplicación general.
Actualmente nuestro cuerpo de leyes, que es bastante extenso, no cuenta con esta característica tan deseada de “claridad” y tampoco existe aplicación “indistinta” de la ley, lo que ocasiona incertidumbre jurídica, es decir, no tenernos la seguridad de que estemos cumpliendo con nuestras obligaciones como ciudadanos y que en el caso de que alguien afecte nuestros derechos o los de la sociedad en general, va a ser reprendido y castigado o por lo menos que se le va a obligar a cumplir dichas disposiciones o resarcir el daño causado.
Los ejemplos de ello en el medio empresarial son abundantes, entre otros: la existencia del comercio informal: personas que logran realizar la actividad comercial sin cumplir con su obligación de pagar impuestos, derechos, prestaciones a sus empleados, e incluso sin pagar los servicios necesarios para su funcionamiento (luz, agua, renta, etc) mientras que otros, los comerciantes establecidos, están obligados a cumplir con todo ello y además son continuamente sancionados por el incumplimiento de los mismos ordenamientos.
Otro ejemplo es el tan nombrado programa “cuenta nueva y borrón” que invita a los contribuyentes a “regularizar” su situación fiscal a cambio de no revisar su historial fiscal, que se supone es por demás obscuro. Ese programa, para mi gusto no existe en virtud, precisamente, de la falta de la “claridad” en la redacción de las leyes, ya que este programa está condicionado a que el contribuyente presente su Declaración Anual sin errores u omisiones y declarando todo conforme a la ley, y es allí precisamente donde está el problema.
Es por todos conocido que en numerosas ocasiones se nos sanciona por supuestamente haber incumplido con una obligación o simplemente haberla cumplido erróneamente por haber “interpretado” en forma distinta una determinada ley o reglamento, es decir, que nosotros como ciudadanos comprendimos que deberíamos hacer algo de cierta forma y la autoridad interpreta que la debimos haber hecho de otra, y esto es así precisamente por la falta de “claridad” en el cuerpo de las leyes que nos rige, lo que como ya mencioné con anterioridad nos deja en un estado de incertidumbre o inseguridad total, ya que según nuestro criterio (o el de nuestros asesores) estamos cumpliendo pero según la autoridad no lo estamos haciendo.
Es por ello que es tan importante que efectivamente pugnemos por un estado de derecho que nos brinde la seguridad jurídica que requerirnos para vivir y convivir con tranquilidad en nuestra sociedad, pero mientras eso sucede es también necesario saber cuál es nuestra situación actual legislación, aún con sus innumerables defectos, incluye instituciones y procedimientos para defender nuestras posiciones o criterios frente a los de la autoridad, así como para defendernos de actos que realice ésta y que afecten nuestros derechos o violen nuestras garantías individuales, logrando restablecernos en el goce de los mismos.
Es muy frecuente que la” personas no utilicen estos derechos que la misma ley les concede por múltiples razones, entre otras, por desconocimiento de su existencia; por considerar que es un acto inútil, en virtud de que se sienten en franca desventaja frente a la autoridad (que se convierte en Juez y Parte en el momento de la controversia); por tener la idea de que el costo de los servicios profesionales que implica defensa es más alto que el beneficio, por temor a posibles represalias o bien por falta de especialistas en una materia específica.
Aquí habría que considerar varios aspectos: el primero es, que con la defensa de nuestros intereses fomentamos una cultura de “reclamo” ante las autoridades cuando estas transgreden nuestros derechos, logrando a su vez que tiendan a respetar la ley y mantenerse dentro del marco de la misma, el segundo que hay Instituciones autónomas que tienen a su cargo el resolver las controversias entre el estado y los gobernados que generalmente cumplen su función adecuadamente, por lo que son confiables e imparciales; el tercero que los servicios profesionales se cotizan en un porcentaje del beneficio que va a obtener el usuario de los mismos, por lo que siempre será más barato en términos económicos y más conveniente en cuanto a que garantizamos el respeto a nuestros derechos; respecto a las temidas represalias, éstas generalmente no se dan y de ser así habría que recurrir a los mismos medios de defensa, y por último, está muy difundido entre los profesionales de cualquier área la especialización en alguna material (situación indispensable) para sobrevivir en un mercado competido y globalizado como el que vivimos) y tenernos opción de ser atendidos por un experto en cada materia, lo que brinda las mayores posibilidades de éxito. Por ello, todos los ciudadanos, podemos contribuir y estamos comprometidos a hacerlo (si pretendemos verdaderamente que haya un cambio en nuestro país), en el establecimiento de un Estado de Derecho cumpliendo con las normas establecidas y haciendo valer nuestros derechos y los de la sociedad en general.
